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• Expulsiones automáticas / Devoluciones en caliente

  Kilómetros de vallas con cuchillas; miles de patrullas de alta technología por tierra, por aire y por mar; acuerdos de expulsión con los países vecinos: La Unión Europea no escatima gastos ni esfuerzos con tal de rechazar a aquellas personas que intentan escapar de la guerra, la miseria y la persecución que sufren en sus países de origen. Para justificar el atrincheramiento de Europa, tanto Bruselas como gobiernos nacionales, no se cansan de sostener que las medidas son necesarias y legalmente admisibles.

  Casi cada semana se hunden barquetas y pateras en aguas españolas, italianas o maltesas, mueren personas en el Mar Mediterráneo. Además numerosos afectados y testigos relatan sobre abusos y maltratos cometidos por oficiales y policías de frontera en Bulgaria, Hungría o España por ejemplo. Todo es señal del total fracaso de la política de migración de la Unión Europea y especialmente de las prácticas de expulsión o devolución en las fronteras.

  Estas prácticas tan comunes como brutales en las fronteras – llamadas también "push-backs" – violan numerosos derechos de refugiados y derechos humanos fundamentales. Los afectados y afectadas se ven desprotegidos y raramente tienen la posibilidad de actuar contra la violencia excesiva a las que se ven sometidos.

  Junto con afectados de expulsiones y rechazos en frontera el ECCHR, sus organizaciones y abogados colaboradores, recurre a intervenciones legales para luchar por que respeten e implementen los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados.

• India

  La injusticia del sistema económico global se hace visible en diferentes formas. En India, por ejemplo, los derechos humanos son frequentemente violados para beneficio de empresas occidentales. Sin embargo gerentes y políticos de los países de origen de estas empresas suelen o bien culpar a sus empresas afiliadas o proveedoras o bien recurrir a las directivas internas para la responsabilidad social. Pero en realidad ni el concepto de corporate social responsibility ni las directivas internacionales de las empresas mejoran la situación. Miles de trabajadores y campesinos en India siguen viviendo en una situación desastrosa o al menos precaria.

  Sean estudiantes que participan en pruebas de medicamentos de empresas occidentales y no reciben suficiente información o sean campesinas que al no ser alertadas por parte de la empresas químicas transnacionales ignoran los riesgos de salud en el uso de pesticidas – cada más personas se están organizando para oponerse y contestar esta injusticia en India. El ECCHR apoya esta lucha política por sus derechos sociales y económicos. A través de intervenciones legales ante gremios internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o también ante tribunales nacionales como el Tribunal Supremo de India el ECCHR intenta retar y poner fin a la impunidad de la que gozan empresas occidentales en India.

• Pesticidas

  En Europa y Norteamérica se da por entendido: Un pesticida sólo puede ser comercializado si el productor indica explícitamente los riesgos del producto. Para muchos pesticidas incluso es necesario obtener un certificado especial emitido por las autoridades. Sin embargo, cuando las empresas químicas y agroindustriales internacionales comercializan sus productos en el hemisferio sur, la situación es muy diferente: Por ejemplo en India donde se comercializan pesticidas que en sus países de origen sólo se venden bajo restricciones o están derechamente prohibidos.

  Segun entrevistas con campesinos y empleados de plantaciones, las compañías agroindustriales no acatan ni las especificaciones locales ni los estándares reconocidos internacionalmente. Así, cuando se trata del derecho a la salud, a la vida o a un nivel de vida adecuado, la ley parece que no se aplica igual para todos. Esto queda demostrado en los casos en los que el ECCHR trabaja desde el año 2013 junto con organizaciones asociadas en India y en las Filipinas.

  Hasta hoy, el comportamiento de las empresas agroindustriales y químicas rara vez se han visto contestadadas por la justicia; en muy pocos casos se reconoce la responsabilidad jurídica de los productores de pesticidas por daños a la salud o al medioambiente. Esto se debe sobre todo a los obstáculos jurídicos. Ése es el problema que el ECCHR busca solucionar a través de medios jurídicos innovadores, por ejemplo, mediante intervenciones ante el Panel de Expertos en Manejo de Plaguicidas (Panel of Experts on Pesticides Management) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

• Violencia sexualizada

  Violencia sexualizada