Al menos 15 personas murieron, muchas resultaron heridas y otras 23 fueron devueltas aquel día en la playa del Tarajal en Ceuta. Diez años después de los hechos, la queja de Ludovic N. ante el Comité contra la Tortura de la ONU aborda una letanía de fallos en la investigación después de que España archivara finalmente el caso en 2022.

Ludovic N. (su identidad se ha mantenido anónima por su seguridad), superviviente de las mortales devoluciones en caliente en El Tarajal, Ceuta, el 6 de febrero de 2014, ha presentado una queja ante la ONU contra España por múltiples violaciones de la Convención contra la Tortura, con el apoyo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Tenía 15 años cuando agentes de la Guardia Civil le golpearon y lanzaron botes de gas lacrimógeno contra él mientras trataba de aferrarse a la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. El menor no acompañado camerunés fue detenido y devuelto a Marruecos por tierra y posteriormente se le impidió testificar durante los ocho años que duró la investigación de los mortales sucesos.

No se identificaron los cadáveres, no se tomó declaración a los supervivientes y se impidió a las familias de las víctimas personarse en los procesos judiciales españoles. Las autoridades se negaron incluso a oír el testimonio de Ludovic N., ignorando sus derechos como víctima y arrebatándole la posibilidad de que un juez español examinase su caso.

Las familias y las comunidades afectadas siguen exigiendo justicia y que se ponga fin a la impunidad mientras se reúnen para conmemorar el décimo aniversario del mortal incidente.

El gobierno de España aplica desde 2005 en sus enclaves de Ceuta y Melilla en la costa norte de África una política de expulsiones sumarias automáticas a Marruecos. En 2015 fue el primer país europeo en anclar las expulsiones en su legislación nacional. De hecho, España no da acceso a los puestos fronterizos a las personas en movimiento e impide así que estas puedan solicitar protección internacional desde Marruecos. Por consecuencia, no les queda más remedio que intentar superar las vallas fronterizas que separan a Marruecos de España.

Las personas negras, en particular, son objeto de perfil racial por parte de las autoridades marroquíes y ni siquiera pueden acercarse a la frontera sin ser rechazadas. Decenas de personas han muerto en el intento de cruzar las vallas fronterizas, muchas más han desaparecido y algunas han sido detenidas y sometidas a procedimientos penales. A la mayoría se les obliga de forma violenta a regresar a Marruecos y se les abandona a vivir en condiciones terribles sin acceso a protección.