Juicio al juez español Baltasar Garzón

La Justicia española imputó a principios del año 2012 al juez instructor Baltasar Garzón por declararse competente en octubre de 2008 para investigar las desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones de 114.266 personas durante la guerra civil española y la dictadura franquista en el período comprendido entre 1936 y 1951. Se consideró que había sobrepasado sus competencias. En su decisión, Garzón se basó en el derecho internacional al considerar que las desapariciones forzosas constituían crímenes de lesa humanidad y, en virtud de las leyes internacionales, estimó que las leyes de amnistía no podían ser aplicadas. Garzón es reconocido internacionalmente como una figura destacada en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos - en parte debido a su actuación contra el dictador chileno Augusto Pinochet - y en el fortalecimiento de la jurisdicción universal.

En febrero de 2012, Garzón fue absuelto de todos los cargos. Sin embargo, sigue siendo incierto si se van a considerar los derechos de las víctimas e iniciar investigaciones y procesos independientes contra los crímenes masivos cometidos. ECCHR, como parte de una coalición internacional de ONGs, reclama a España a que revoque las leyes de amnistía de 1977 puesto que suponen una violación del derecho internacional. La coalición también insta a las autoridades españolas a que cumplan con sus obligaciones internacionales y lleven a cabo medidas eficaces que aseguren el esclarecimiento judicial de los casos de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y otros graves crímenes de derecho internacional. De acuerdo con el derecho internacional, España tiene la obligación de actuar para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen franquista.
 
En mayo de 2010, ECCHR, junto a nueve organizaciones de abogados internacionales y de defensores de los derechos humanos, envió una petición a las Naciones Unidas, en la que se criticaba la forma de actuar de la Justicia española contra el juez Garzón y se llamaba a los Relatores Especiales de la ONU para la independencia judicial, tortura, ejecuciones extrajudiciales y protección de los derechos humanos a que intervinieran en este importante asunto, cosa que finalmente hicieron (ver aqui y aqui).