España debe investigar el programa de torturas de EE.UU.

El 22 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional de España admitió a trámite la denuncia contra el cierre de investigaciones sobre casos sistemáticos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos a detenidos en Guantánamo en el período posterior a 2001. En diciembre de 2016, ECCHR, CCR y sus abogados cooperantes en España habían presentado un recurso de amparo despues de que en noviembre de 2016 la Audiencia Nacional confirmara la decisión del juez de instrucción de cerrar las investigaciones.
 
Desde 2009 el poder judicial en España ha investigado el programa de tortura estadounidense. España revocó su legislación sobre la persecución de la tortura bajo el principio de jurisdicción internacional en 2014. Sin embargo, las partes presentaron evidencia no sólo en contra de oficiales estadounidenses, sino también sobre cómplices españoles en la investigación de Guantánamo, lo cual amplía la jurisdicción de la justicia española para investigar y enjuiciar estos casos. La decisión del Tribunal Constitucional se encuentra ahora pendiente.

El caso los "Seis de Bush"

El caso
 
En marzo del 2009 se presentó una denuncia contra seis ex miembros del gobierno de EE.UU., por su responsabilidad en diversas violaciones del derecho internacional, incluyendo crímenes de guerra y torturas. Los seis miembros del gobierno involucrados, conocidos como los “Seis de Bush” son: David Addington (ex consejero y jefe de gabinete del ex vicepresidente Dick Cheney); Jay Bybee (ex fiscal general asistente, Jefe de la Oficina del  Asesor Jurídico del Departamento de Justicia); Douglas Feith (ex subsecretario del Departamento de defensa); Alberto Gonzales (ex consejero de la Casa Blanca durante la primera administración del ex presidente George W. Bush y además ex fiscal general de los EE.UU.); William J. Haynes (ex asesor general del Departamento de Defensa) y John Yoo (ex sub fiscal general adjunto de la Oficina del  Asesor Jurídico del Departamento de Justicia).
 
Los crímenes
 
Los “Seis de Bush” son acusados de ser cómplices e inductores en la comisión de los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como de violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949. Los presuntos delitos tuvieron lugar en diversos centros de detención, entre ellos, Guantánamo. De acuerdo al peritaje jurídico presentado conjuntamente por el Center for Constitutional Rights (CCR) situado en Nueva York y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) ante la Audiencia Nacional en enero del 2011, existieron deficiencias intencionales en la asesoría jurídica prestada por los acusados, en cuanto a: a) la aplicación de los Convenios de Ginebra en el conflicto con Al Qaeda y los Talibanes, y b) la legalidad de ciertas técnicas de interrogatorio utilizadas, las cuales sirven como base para establecer la comisión de crímenes internacionales.
 
La competencia de los tribunales españoles
 
En octubre de 2009, el Senado español restringió el ámbito de aplicación del principio de Jurisdicción Universal, siendo ahora necesario demostrar que los delitos guardan relación con España (porque el presunto autor se encuentra en territorio español, por la nacionalidad española de la víctima, o por la existencia de otros vínculos relevantes con dicho país) y además,  demostrar que no se están investigando ni persiguiendo dichos delitos en otro país competente o ante algún tribunal internacional. A pesar de esta limitación, en abril de 2010 el ECCHR y el CCR demostraron en su informe jurídico conjunto, que el caso de los “Seis de Bush” cumple las condiciones necesarias: pues la víctima que presentó la queja – Hamed Abderrahman Ahmed – es un ciudadano español; y porque hasta el día de hoy no se han realizado investigaciones ni persecución penal alguna por estos delitos, así como tampoco han indicios de que se realicen en el futuro cercano.
 
Es más, aún si la Corte Española considerara que los requisitos actuales no se cumplen, ella está obligada a investigar dichos delitos en cuanto se trata de violaciones de tratados internacionales en los cuales España es parte. Entre estos acuerdos se encuentran la Convención de la ONU contra la Tortura y los Convenios de Ginebra, cuyas disposiciones exigen la aplicación del principio de jurisdicción universal en el caso de graves violaciones del derecho internacional, como ocurre en este caso. En otras palabras, España no sólo tiene el derecho, sino que además la obligación de enjuiciar dichos crímenes, sin importar el lugar donde han sido cometidos ni la nacionalidad del acusado.
 
El juez Velasco, responsable del caso de los “Seis de Bush” en España, requirió a EE.UU. mediante solicitudes formales enviadas en mayo del 2009 y nuevamente en abril del 2010, obtener toda información relativa a posibles investigaciones pendientes en dicho país, las cuales harían innecesario iniciar otra investigación en España. Sin embargo, el gobierno del presidente Obama ignoró repetidamente estas solicitudes, e incluso intentó - cómo luego confirmaron los documentos revelados por Wikileaks - dificultar cualquier procedimiento judicial mediante el uso de medios políticos. Finalmente, el juez Velasco requirió, en un último escrito enviado enero del 2011, una respuesta a sus demandas antes del 1° de marzo del 2011, exigencia ante la cual el gobierno de los EE.UU. finalmente respondió.
 
En su respuesta, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a la corte española el reenvío de los casos a los EE.UU., argumentando que dicho país era perfectamente capaz de investigar y procesar los delitos. Así, y aun cuando EE.UU. no demostró que hubiese iniciado investigaciones o procesos contra funcionarios de grados medios y altos, el juez Velasco cerró el caso de los “Seis de Bush” en España y lo transfirió a los EE.UU. para que allí continuaran las investigaciones. El 19 de abril del 2011 se presentó un recurso contra el auto del juez Velasco ante la Audiencia Nacional, el cual fue rechazado. Además, y a pesar del rechazo de otro recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo español, aún existe una solicitud de revisión presentada ante el Tribunal Constitucional de España. El ECCHR y el CCR, apoyados por varios ex Relatores Especiales de Naciones Unidas, miembros del ejército de los EE.UU., expertos en derecho y varias organizaciones de derechos humanos, presentaron en septiembre de 2012 un informe jurídico, en el cual demuestran la continua falta de voluntad de los EE.UU. de iniciar procedimientos penales por estos delitos.

 

El caso “Guantánamo”

El caso
 
En abril del 2009 el juez Baltasar Garzón abrió una investigación preliminar para esclarecer lo que él mismo denominó un “autorizado y sistemático plan de tortura y malos tratos a personas  privadas de libertad que permanecen en diversos centros de detención de los EE.UU, quienes, sin haber sido acusadas por un delito, ven vulnerados sus derechos básicos como detenidos, los cuales se establecen en diversos convenios internacionales” en diversos centros de detención de los EE.UU. La investigación preliminar no individualizó a posibles acusados. En mayo de 2010 el juez Garzón fue inhabilitado del caso y sustituido por el juez Ruz, quien en enero del 2013 permitió al CCR y a ECCHR representar en el caso a dos antiguos prisioneros de Guantánamo, incluyendo a Murat Kurnaz.
 
Los crímenes
 
En este caso se trata de presuntos delitos de tortura y malos tratos contra cuatro ex prisioneros de Guantánamo: Hamed Abderrahman Ahmed, Ikassrien Lahcen, Jamiel Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes. Los cuatro hombres permanecieron encerrados en celdas semejantes a gallineros y donde hacía un calor insoportable. Fueron expuestos en forma constante a música a todo volumen, a temperaturas extremas y a luces brillantes, además de ser repetidamente interrogados sin contar con asistencia legal. Sufrieron abuso sexual, fueron obligados a desnudarse y recibieron golpizas. Ante esto, el juez Garzón estableció que los hechos constituían violaciones del Código Penal español, del tercer y cuarto Convenio de Ginebra, de la Convención contra la Tortura y del Convenio Europeo contra la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España.
 
La competencia judicial de los tribunales españoles
 
En enero del 2010 el juez Garzón resolvió declarar competentes a los tribunales españoles para conocer de estos hechos. Decretó que en el caso de las cuatro víctimas existía un vínculo de conexión relevante con España: Ahmed es ciudadano español, Ikassrien está domiciliado en España desde hace más de trece años y respecto a Al Banna y Deghayes, sus órdenes de extradición habían sido firmadas por tribunales españoles. Todos ellos habían sido objeto de procedimientos penales en España, y posteriormente habían sido absueltos debido a  que habían sido sometidos a torturas y a serias formas de maltrato mientras permanecieron detenidos y fueron interrogados en Guantánamo.
 
De acuerdo con el juez Garzón, aún si en este caso no se encontraran presentes los vínculos de conexión relevantes entre las víctimas y el España, los hechos recaen de todos modos bajo la jurisdicción española, pues se trataría de presuntos delitos de lesa humanidad contemplados en tratados internacionales, tales como los Convenios de Ginebra, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 
La Fiscalía apeló contra la decisión del juez Garzón de abrir el caso, sin embargo el recurso fue desestimado por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en abril de 2011, por lo que se estableció que España si era competente para conocer de estos asuntos.
 
Las investigaciones en España
 
En mayo del 2009 el juez Garzón solicitó formalmente (mediante comisión rogatoria internacional) a los EE.UU. y al Reino Unido, que entregaran información respecto de la existencia de investigaciones en cada uno de estos países, lo cual haría innecesario llevar otra investigación en España. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos países ha dado respuesta a dicha petición. Por ello, el juez Garzón dictaminó, en enero del 2010, que no había necesidad de obtener dichas respuestas y que, en caso de ser alegada la falta de competencia del tribunal, el peso de la prueba recae sobre los acusados y no sobre las víctimas. “Es inaceptable que el tribunal o las víctimas tengan que hacer de detectives y deban averiguar donde hay procesos en curso y demostrar la no ocurrencia de un hecho”, señaló el Juez Garzón.
 
Hasta hoy, dos testigos y un experto han prestado testimonio ante el juez Garzón. En enero de 2011, el CCR y el ECCHR presentaron ante la Audiencia Nacional un dossier sobre el ex comandante de Guantánamo, Geoffrey Miller, acreditando su papel en las torturas a presos en Guantánamo e Irak. Con base en la información contenida del dossier, el CCR y el ECCHR exigen que Miller testifique en juicio.