La violencia contra defensores de derechos humanos

El 9 de octubre de 2012, ECCHR - junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) - presentó una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violencia ejercida contra los sindicalistas en Colombia. Estas organizaciones demostraron que el nivel de violencia antisindical alcanza el umbral establecido para considerar estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, recayendo así bajo la jurisdicción de la Corte. En Colombia no están siendo suficientemente investigados y persiguidos los crímenes cometidos por los eslabones más altos de la cadena de mando civil y militar, por ello, la Fiscalía de la CPI tiene la obligación de iniciar investigaciones formales sobre éstos.
 
Casi 3.000 sindicalistas han sido asesinados. Sólo desde 2002, han matado a 775 sindicalistas, y muchos más han sido intimidados, amenazados y acosados en Colombia en las últimas tres décadas. La Confederación Sindical Internacional (CSI) determinó que más de la mitad de los asesinatos de sindicalistas denunciados a nivel mundial tuvieron lugar en Colombia, convirtiéndose así en uno de los países más peligrosos del mundo para los sindicalistas. Aunque el Estatuto de Roma entró en vigor en Colombia en el año 2002, no se ha producido ningún cambio real.
 
En dicha comunicación, ECCHR - con sus socios - presentó cinco casos ilustrativos de la situación colombiana, que le permieron analizar detalladamente el patrón generalizado y sistemático de violencia utilizado contra los sindicalistas en las últimas décadas. A su vez, manifestamos nuestra gran preocupación por el estancamiento del examen preliminar de la situación colombiana, abierto ya por la Fiscalía desde junio de 2004 y cuyo único fruto ha sido un reporte intermedio en noviembre de 2012. En este reporte, la única conclusión extraída por la Fiscalía es la necesidad de continunar con el examen preliminar, pero no se pronuncia sobre la pertinencia de la apertura de una investigación formal.
 
Nuestra comunicación de seguimiento de julio de 2013 tiene dos objetivos. Por un lado, comentamos el reporte intermedio insistiendo en que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los defensores de derechos humanos en Colombia, no sólo han sido perpetrados por actores no estatales - como los grupos paramilitares y la guerrilla - sino también por actores estatales. A su vez, criticamos el análisis deficitario del cumplimiento  del requisito de complementariedad, es decir, la cuestión de si Colombia tiene la capacidad y la voluntad de investigar esos crímenes. La Fiscalía no toma en consideración la situación de grave peligro en la que se hallan jueces y fiscales y no evalúa adecuadamente el impacto de la reforma de la justicia militar. Además, reiteramos la necesidad de una mayor transparencia en los criterios utilizados por la Fiscalía para establecer la complementariedad de la CPI. Por otro lado, a través de nuestra comunicación de seguimiento, queremos ofrecer a la Fiscalía más información sobre el delito de persecución política como crímen de lesa humanidad. Los requisitos de dicho delito se cumplen en el marco de la violencia antisindical en Colombia. Le instamos a la Fiscalía a solicitar urgentemente a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización para abrir una investigación formal sobre Colombia.
 
Las comunicaciones de julio de 2013 (en inglés) y de octubre 2012 (en inglés y español) están disponibles. Puede solicitarlas a ().