Empresas apoyan a la dictadura militar argentina

Los crímenes de una dictadura siempre tienen una dimensión económica y persiguen, al menos en parte, intereses económicos. El objetivo de nuestro trabajo sobre Argentina, es que todos los agentes económicos que promovieron o se beneficiaron de la dictadura militar entre los años 1976 y 1983 sean juzgados. Por eso decidimos apoyar tres casos emblemáticos, en los cuales se analiza el papel de las empresas durante la dictadura militar.

El caso de Mercedes Benz Argentina S.A.

En una de las fábricas de Mercedes Benz, ubicada en Buenos Aires, desaparecieron muchos y muchas sindicalistas y, en palabras de sus cercanos, un alto directivo de la empresa está involucrado en esas desapariciones y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad argentinas. El ECCHR apoya a los familiares de los sindicalistas desaparecidos y trabaja por hacer responsables ante la justicia a quienes corresponda. Esta situación ya es conocida, pues el caso de Mercedes Benz fue investigado en 1999 por el periodista Gaby Weber para la televisión y la radio alemana, y actualmente, se llevan a cabo procedimientos penales en Argentina y EE.UU (en este último caso se trata de una demanda civil por daños y perjuicios).
 
En 1999, el Secretario General del ECCHR y abogado de las víctimas, Wolfgang Kaleck, presentó en Alemania una denuncia contra un gestor de Mercedes Benz Argentina, por su papel en la desaparición de un sindicalista, pero lamentablemente, el fiscal de Nuremberg-Fürth cerró la causa en el año 2003. No obstante, el ECCHR continuó trabajando, y en septiembre de 2009 presentó un informe pericial jurídico (amicus curiae) ante los tribunales, en el cual se argumenta sobre la obligación que tiene el gobierno argentino de determinar la responsabilidad que cabe a las empresas en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Como resultado, actualmente Argentina continúa realizando las investigaciones pertinentes.
 
A partir de estos avances se iniciaron algunos procedimientos judiciales en otros países. En el año 2004 veintidós familiares de los sindicalistas y sobrevivientes de los incidentes ocurridos en Mercedes Benz, presentaron una demanda de indemnización de perjuicios contra Daimler Chrysler AG en los Estados Unidos, en base a una ley que data de 1789: la Alien Torts Claims Act (ATCA). Acción que en mayo de 2011,  y debido a la resolución de una corte de apelaciones de EE.UU. (United States Court of Appeal for the Ninth Circuit, en Pasadena), debía ser conocida por los juzgados de San Francisco. Además, actualmente la compañía afronta un juicio por complicidad en la comisión de crímenes contra la humanidad, especialmente por desapariciones forzadas y varios casos de asesinatos.

La compañía azucarera Ledesma

En abril de 2011, el ECCHR presentó un informe pericial en la fase de investigación de un procedimiento penal llevado a cabo en Jujuy, en el cual se investigaba la responsabilidad de la empresa azucarera argentina, Ledesma, por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. En esa oportunidad, el experto hizo hincapié en la obligación que tienen tanto la Justicia, como el gobierno argentino, de esclarecer y juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes económicos durante la dictadura militar argentina.
 
En mayo de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy citó a declarar al directivo de Ledesma, Pedro Blaquier, y al ex administrador de la empresa, Alberto Lemos, por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de libertad de las víctimas de la llamada “Noche del apagón”, ocurrida en julio de 1976. Esa noche, cerca de 400 personas, en su mayoría sindicalistas y empleados de Ledesma, fueron secuestradas por militares en camiones, algunos de los cuales tenían incluso el logo de la empresa. Al día de hoy, 55 personas continúan desaparecidas.
 
A fines de abril se realizó un registro de la empresa, en el cual se encontraron diversos documentos relevantes, entre ellos, varios informes del servicio de inteligencia elaborados para Ledesma, sobre sindicalistas que posteriormente desaparecieron, como por ejemplo, el ex dirigente sindicalista Jorge Osvaldo Weisz, detenido y desaparecido en 1974. Estas informaciones demuestran que realizar este tipo de diligencias puede arrojar resultados importantes, sobre todo en el esclarecimiento de las responsabilidades penales de la empresa en los delitos de lesa humanidad investigados.
 
El 13 de marzo de 2015 el ECCHR solicitó ante la Corte Suprema de Justicia argentina ser incorporado en los registros del caso, para tener la posibilidad de presentar en etapas futuras del juicio un Amicus Curiae. La solicitud fue motivada por la decisión del 13 de marzo de la Cámara Federal de la Casación Penal, de revertir la sentencia que ordenaba procesar a los dos acusados, Lemos y Blaquier.

La Compañía Minera Aguilar S.A.

El 19 de diciembre de 2012 el ECCHR presentó, ante el Juzgado Federal Número 2 de Jujuy, en el noroeste de Argentina, un informe pericial jurídico (conocido como amicus curiae) en la causa “Bazán, Avelino y otros”. En esta causa se investigan los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) contra los/las empleados/as de la compañía Minera Aguilar S.A.. Debido a que existen varios indicios que corroboran la participación de la empresa en diversos crímenes, el ECCHR solicita que se investigue si la empresa minera fue cómplice de ellos. Así por ejemplo, sabemos que Minera Aguilar S.A., a través de sus directivos, entregó a las fuerzas estatales una lista de personas que posteriormente fueron detenidas y facilitó vehículos de la empresa para detener a las víctimas.