Kiobel: ECCHR apoya a las víctimas de abusos corporativos ante la Corte Suprema de EE.UU

En abril del 2013 la Corte Suprema de EE.UU. falló en el caso Kiobel a favor de Shell. El caso se refería a la responsabilidad de una subsidiaria en crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad nigerianas. La demanda se basa en la Alien Tort Claims Act (ATCA), que establece la responsabilidad civil por violaciones de derecho internacional. En este caso, la idea era que la Corte afirmara que la ATCA también es aplicable a las empresas.
 
En el año 2011 el ECCHR, junto a otras organizaciones colaboradoras, presentaron dos amicus curiae donde se argumenta la existencia de un principio general e internacionalmente reconocido, según el cual las empresas pueden ser responsables, bajo las leyes nacionales, por violaciones de los derechos humanos. En los amicus se presentaron varios ejemplos, en los cuales las empresas eran responsables civil o penalmente por violaciones de los derechos humanos. Así, aplicar este principio estaría acorde con las prácticas internacionales.
 
En la sentencia la Corte se abstuvo de cualquier referencia a la responsabilidad corporativa, centrándose en analizar si las cortes de EE.UU. son competentes para resolver el caso. En ese sentido, la Corte afirmó que los tribunales serán competentes si las actividades de la empresa tienen alguna conexión con el país más allá de la mera presencia corporativa.
 
La decisión no deja satisfechos al ECCHR ni a sus organizaciones colaboradoras, en cuanto la sentencia no analiza la aplicación internacional de la ATCA, permitiendo que Shell continúe en la impunidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas por su subsidiaria nigeriana. Sin embargo, la sentencia no excluye la posibilidad de demandar por la ATCA en el futuro, pues ésta no define en detalle qué constituiría una conexión territorial con EE.UU.
 
Kiobel es uno de los muchos casos presentados por los familiares del activista Ken Saro Wiwa contra Shell, luego de que éste fuera asesinado. En el caso Kiobel, los demandantes afirman que la empresa colaboró y fue cómplice en los crímenes de tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros, pues suministró vehículos, comida y alojamiento a las fuerzas de seguridad, a través de su subsidiaria nigeriana Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC).

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