27 de febrero de 2012. La Justicia española imputó con cargos al Juez Baltasar Garzón, el juez instructor que en octubre de 2008 se declaró competente para investigar las desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones de 114.266 personas durante la guerra civil española  y la dictadura franquista durante el período comprendido entre 1936 y 1951. En su decisión, Garzón basándose en el derecho internacional, consideró que las desapariciones forzosas constituían crímenes de lesa humanidad y en virtud de las leyes internacionales rechazó la aplicación de las leyes de amnistía. Garzón es una figura internacionalmente reconocida en la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos, en parte debido a su actuación contra el dictador chileno Augusto Pinochet, y a sus esfuerzos en el fortalecimiento de la jurisdicción universal.

En febrero de 2012, Garzón fue declarado inocente de todos los cargos. Sin embargo sigue siendo incierto que España tenga voluntad de defender los derechos de las víctimas e iniciar investigaciones y procesos independientes por los crímenes cometidos. ECCHR, como parte de una Coalición internacional de ONGs, hace un llamamiento a España para que revoque las leyes de amnistía de 1977 puesto que suponen una violación del derecho internacional. La Coalición también insta a las autoridades españolas a que cumplan con sus obligaciones internacionales y lleven a cabo medidas efectivas que aseguren la responsabilidad de los culpables de las desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y otros graves crímenes de derecho internacional que amenazan la paz y las seguridad colectivas. De acuerdo con el derecho internacional, España tiene la obligación de actuar para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen franquista. En mayo de 2010, ECCHR junto a nueve grupos de abogados internacionales y de organizaciones por la defensa de los derechos humanos, envió una petición a las Naciones Unidas, en la que se criticaba la forma de actuar de la Justicia española contra el Juez Garzón, haciendo un llamamiento a los Relatores Especiales de la ONU para la independencia judicial, tortura, ejecuciones extrajudiciales y protección de los derechos humanos para que intervinieran en este importante asunto, cos que finalmente hicieron (ver aqui y aqui).