CAMPO DE MAYO
Una de las
mayores investigaciones realizadas por el Poder Judicial Argentino fue llevada
a cabo con motivo de las graves violaciones de Derechos Humanos perpetradas en
el complejo "Campo de Mayo" un área militar a 30 Km. de la ciudad de Buenos
Aires . Sólo unos pocos de los miles de detenidos de forma clandestina y
torturados por ser críticos con el régimen, han sobrevivido. Gran parte de las
víctimas pertenecían a uniones sindicales. Comités de empresa al completo de
numerosas fábricas de los suburvios de la provincia de Buenos Aires fueron
exterminados en Campo de Mayo. Entre los años 1976 y 1980, el complejo estuvo
dividido en cuatro centros clandestinos de detención y tortura diferentes: El
Campito, La Casita, La Prisión Militar de Encausados y el Hospital Militar,
permaneciendo bajo el control del "Comando de Institutos Militares" a cuyo
frente estaban los Generales Santiago Omar Riveros, José Montes, Cristino
Nicolaides y Reinaldo Bignone.
El juicio oral principal, que incluye imputaciones por privación ilegal de libertad, tortura asesinato, y otros delitos, comenzó el día 2 de noviembre de 2009, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº1 de San Martín. El procedimiento está dividido en cuatro causas: Nº 2023, Nº 2031, Nº 2034 y Nº 2043. Forma parte de la acusación, así como de los 130 testigos, Héctor Ratto, antiguo trabajador de la fábrica de Mercedes-Benz en la localidad de González Catán (Buenos Aires), que presenció la detención ilegal y secuestro de algunos de sus compañeros, y la implicación en estos hechos de algunos ejecutivos y personal de la empresa.
En el procedimiento hay 8 imputados, entre los que destaca Reynaldo Benito Bignone, Segundo Comandante del "Comando de Institutos Militares" y Presidente de facto de la Argentina entre el 2 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983. Otro de los imputados es Santiago Omar Riveros, antiguo Comandante del "Comando de Institutos Militares",el cual, en diciembre de 2000, fue condenado a cadena perpetua junto al ya fallecido Carlos Guillermo Suárez Masón y otros por la Corte d'Assise de Roma (Tribunal de lo Penal), por el asesinato y tortura de varios ciudadanos italianos. En agosto de 2009 fue nuevamente condenado a cadena perpetua por el Tribunal que se encarga de la presente causa por la tortura y muerte de adolescente de 15 años, Floreal Avellaneda, y el secuestro y tortura de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda. Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, también imputados en la presente causa, fueron condenados a 25 y 18 años de prisión, respectivamente, por el caso Avellaneda.
El juicio oral principal, que incluye imputaciones por privación ilegal de libertad, tortura asesinato, y otros delitos, comenzó el día 2 de noviembre de 2009, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº1 de San Martín. El procedimiento está dividido en cuatro causas: Nº 2023, Nº 2031, Nº 2034 y Nº 2043. Forma parte de la acusación, así como de los 130 testigos, Héctor Ratto, antiguo trabajador de la fábrica de Mercedes-Benz en la localidad de González Catán (Buenos Aires), que presenció la detención ilegal y secuestro de algunos de sus compañeros, y la implicación en estos hechos de algunos ejecutivos y personal de la empresa.
En el procedimiento hay 8 imputados, entre los que destaca Reynaldo Benito Bignone, Segundo Comandante del "Comando de Institutos Militares" y Presidente de facto de la Argentina entre el 2 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983. Otro de los imputados es Santiago Omar Riveros, antiguo Comandante del "Comando de Institutos Militares",el cual, en diciembre de 2000, fue condenado a cadena perpetua junto al ya fallecido Carlos Guillermo Suárez Masón y otros por la Corte d'Assise de Roma (Tribunal de lo Penal), por el asesinato y tortura de varios ciudadanos italianos. En agosto de 2009 fue nuevamente condenado a cadena perpetua por el Tribunal que se encarga de la presente causa por la tortura y muerte de adolescente de 15 años, Floreal Avellaneda, y el secuestro y tortura de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda. Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, también imputados en la presente causa, fueron condenados a 25 y 18 años de prisión, respectivamente, por el caso Avellaneda.